Ni los políticos ni el gobierno aprenden

 Llevamos casi un mes de paro nacional -con las conocidas consecuencias de lado y lado- y el gobierno nacional sigue ciego, sordo e insensible ante el reclamo del pueblo. 

Resulta que la senadora Angélica Lozano descubrió qué es lo que hay detrás de la caída de la reforma pensional planteada: Otra reforma por debajo de la mesa. Y para eso, el presunto presidente y sus secuaces están echando mano del Plan de Desarrollo para el 2022 que en el artículo 117 trae, según palabras suyas, nada menos que "la expropiación del ahorro pensional". 

¿Por qué? Porque el articulito, que es tan letal como la mordedura de una mamba negra, ya que si en la actualidad usted aporta a un fondo de pensiones y no logró pensionarse por falta de semanas, le devuelven lo que haya ahorrado en cualquiera de los dos sistemas. Y si usted muere, la plata se la devuelven a los herederos. 

Además, de acuerdo con lo que contiene el referido artículo 117, Si usted aporta y no logró pensionarse, le dan un plazo de diez días para solicitar la devolución de lo ahorrado. Si dejó pasar ese plazo, perderá su platica. Y si usted muere antes de pensionarse, su familia no podrá reclamar un solo centavo porque ese derecho desaparecerá. ¿Qué tal? 

El gobierno ha dicho que no hará reforma pensional, al menos este año de 2021. Sin embargo, a espaldas del pueblo sí piensa hacerla para el 2022. El gobierno sabe que a la gente en general no le gusta leer, menos aún decretos y leyes. El gobierno sabe que con el paso del tiempo los viejos se vuelven despreocupados y desmemoriados y se les va a pasar ese plazo de diez días, ya sea por despreocupación o por olvido. Las viudas y los herederos... ¡Que se jodan! ¿Quién los mandó a depender de un pobre asalariado?

Los políticos carecen de moral. Mienten y engañan al pueblo y lo seguirán haciendo con cinismo y alevosía. Son perversos como los más criminales. Y cuando se trata de apropiarse de lo que corresponde al pueblo, por ejemplo de los ahorros pensionales, son truculentos y habilidosos para inventar normas que se aplican a sus asociados pero en beneficios de sus secuaces.

Lo "tranquilizante" es que no se roban todo. Esos ahorros no reclamados pasan a un BEP (Beneficios Económicos Periódicos) que no es otra cosa que un sistema de auxilios (como los famosos auxilios de Familias en Acción) para personas que no alcanzaron a pensionarse. De acuerdo con la senadora Angélica Lozano, esos BEP son en la actualidad de $40.000.oo por mes. Pero haciendo cuentas y recuentas, esos BEP quedarían en $18.000.oo mensuales, dinero que es más que suficiente para comprar diez panales de huevos de los de Carrasquilla. O un panal y medio de los que se venden en el supermercado.

En Colombia hay dos millones cien mil pensionados. Que no están desangrando al Estado, como afirman los que no fueron beneficiados con la capacidad de análisis. Son dos millones cien mil viejos que están disfrutando de lo que ahorraron durante treinta o más años de vida laboral (cuarenta y seis años, como en mi caso). Con las medidas previstas, los pensionados serán cada vez menos y los que aspiren a pensionarse serán ninguno.

Los viejos tienen (tenemos) unos derechos adquiridos. Por eso muchos no salen a marchar. Se quedan en sus casas disfrutando de las monedas que le retribuyen por haber entregado una parte de lo devengado. Mentalidad fuertemente arraigada en la genética del colombiano. En cambio los jóvenes sí saben que su futuro es una nebulosa y que hay que  construirlo a golpe de paros, marchas y con el brazo en alto. Ellos son los que tienen la voz en estos momentos. Ellos son los que tienen que entrar con decisión por la puerta delantera, mientras los viejos vamos saliendo por la puerta trasera.

POSDATA: Adivinen qué Ministerio de Hacienda está detrás de todo eso. Adivinen.

LA BASE MILITAR DEL INTEP

 Esta mañana, cuando pasaba en caminata con un amigo por la granja departamental (ahora CEDEAGRO, dependencia del INTEP - Roldanillo) vi con asombro personal del ejército dentro de esas instalaciones. Se veían muy relajados y a sus anchas, incluso uno de ellos levantó uno de sus pulgares para saludarme. No contesté su saludo porque el soldado no es mi amigo y porque el desconcierto me llevó a reflexionar sobre el uso de las instalaciones educativas por parte de la fuerza pública. Y aunque recordé que algo había leído al respecto, el sentido común me dijo que ejército ocupando dependencias del INTEP era un exabrupto. Armas y educación no combinan. 

Primero la bota militar y luego el texto de estudio

Averiguando con un docente, supe que, efectivamente el rector del INTEP había autorizado de motu propio que el ejército utilizara las instalaciones de CEDEAGRO (las que todavía seguimos llamando Granja Departamental) como escampadero mientras cesan las protestas en Roldanillo. ¿Eso se puede? De pronto sí, dependiendo de los objetivos. No es lo mismo que un centenar de soldados ocupe CEDEAGRO porque están en una misión humanitaria, a que lleguen allí para prepararse a atender asuntos de orden público. Sin embargo el rector del INTEP, señor Germán Colonia, no solo dio aprobación para que no sé cuántos uniformados pudieran estar como Pedro por su casa, sino que, según lo dicho por el profesor de marras, le brindó alimentación que está siendo preparada por una empleada de esa institución educativa. ¿Por cuenta de quién? Si eso lo paga el señor Germán Colonia sacando plata de su bolsillo, no hay problema. Él puede hacer con su plata lo que quiera. Pero si es de los fondeos de la institución, ya es harina de otro costal.

Personalmente considero grave el hecho que aquí denuncio... Otros dirán que no es para tanto, pues al fin de cuentas son los héroes de la patria y ellos merecen que los mimen y hasta les pasen por alto uno que otro desmán. De ninguna manera. Y menos cuando el señor rector del INTEP al parecer antepuso sus intereses personales al deber de garantizar el normal desarrollo de los programas educativos, pues suspendió las clases presenciales de los programas que ocupan CEDEAGRO, sólo para que el ejército pudiera estar allí. ¿Los argumentos? El ya remanido y pervertido covid. Con la decisión del señor rector entiendo que su prioridad no es la educación, que primero está la milicia y después, si algo queda, la academia. Para el soldado todo el manjar y para el estudiante el raspado de la olla.

Hace poco se presentó una situación similar en el colegio Claretiano de Bosa, Cundinamarca. 

"La comunidad educativa del ente recordó que existen protocolos de ONU, en el Derecho Internacional Humanitario, que “prohíben la utilización de instituciones educativas para operaciones militares. Reafirmamos que la Comunidad de misioneros claretianos y el Colegio Claretiano de Bosa defienden la integridad de la vida y los Derechos Humanos de acuerdo a su horizonte institucional”.  (Ver artículo completo pulsando AQUÍ)

Pero el rector del INTEP lo ve desde otro ángulo y por eso, con el debido respeto, le hacemos notar que, como tal, no le incumbe ni está dentro del manual de sus funciones la solución de los problemas de orden público. Eso es resorte del alcalde municipal. Solucionar los problemas de orden público no es de un académico sino de un gobernante.